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Impulsan más protección para indocumentados en Chicago

September 15, 2016

Vívelo Hoy

CHICAGO — El Concejo Municipal de Chicago quiere prohibir expresamente que la Policía local amenace con la deportación a un indocumentado detenido, en una actualización de la ordenanza que convirtió en santuario a la ciudad en 1983.

Los concejales Carlos Ramírez-Rosa (centro) y Scott Waguespack (izquierda), durante una reunión en el Concilio Municipal. NANCY STONE/CHICAGO TRIBUNE

Los concejales Carlos Ramírez-Rosa (centro) y Scott Waguespack (izquierda), durante una reunión en el Concilio Municipal. NANCY STONE/CHICAGO TRIBUNE

“Contamos con los votos necesarios para dar otro paso y convertir a Chicago en la ciudad más proinmigrante de Estados Unidos”, declaró el concejal Carlos Ramírez-Rosa (D-35), en cuyo distrito viven unos 30 mil hispanos.

Junto con otros integrantes del Concejo Municipal, y de 14 organizaciones proinmigrantes, Ramírez-Rosa trabajó durante dos años en la redacción de una serie de enmiendas que se espera se presenten ante el pleno para su votación en octubre.

Según informó, los cambios cuentan con el apoyo del alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, y del Departamento de Policía, para integrar aún más a la comunidad inmigrante y protegerla contra las deportaciones.

“Nadie debe ser abusado por ser inmigrante, o porque crean que es un extranjero indocumentado, y menos ser maltratado por funcionarios municipales, incluyendo la Policía”, dijo Ramírez-Rosa, de 27 años.

Los cambios comenzaron a gestarse después de un incidente ocurrido en julio de 2013, cuando la Policía de Chicago realizó una redada en un salón de bronceado durante una investigación de tráfico sexual.

La gerente del comercio, de origen chino y ciudadana estadounidense, fue agredida física y verbalmente por un oficial que la amenazó con “empaquetarla” y enviarla de regreso a su país.

La grabación en vídeo del incidente fue divulgada un año después durante un juicio civil y provocó un escándalo en el Departamento de Policía.

El concejal Scott Waguespack (D-32), dijo que esas imágenes lo impactaron porque su esposa es de origen asiático y “sentí directamente la discriminación”.

“Chicago tiene que despegarse de la xenofobia, algo que lamentablemente ha estado muy presente en la campaña presidencial”, expresó.

Fred Tsao, asesor legal de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), dijo que las enmiendas introducen nuevas definiciones para “coerción” y “abuso verbal”.

A los funcionarios de la ciudad y policías se les prohibirá expresamente amenazar con la deportación a los indocumentados detenidos por delitos menores, y quienes lo hagan enfrentarán sanciones.

Tsao dijo que también se establece una clara distinción entre el trabajo policial y el de los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), con el propósito de reducir la cooperación a los casos en que haya órdenes específicas de detención.

La llamada ley de santuario, que rige en Chicago desde hace 33 años, impide que la Policía colabore con Inmigración, a menos de que el indocumentado detenido sea acusado de un delito grave.

En las cárceles del condado de Cook, donde se asienta Chicago, desde el 2011 no se colabora con ICE para deportar a detenidos por delitos menores sin papeles.

Rosi Carrasco, activista de Comunidades Organizadas contra las Deportaciones, declaró que las enmiendas son “una victoria” y un paso importante.

“Todos deberíamos ser tratados con igualdad, con el mismo respeto, los mismos derechos y la misma justicia, independientemente del color o estatus migratorio”, expresó.

Los activistas recordaron que desde que asumió su primer mandato en 2011, Emanuel ha dedicado atención especial a los inmigrantes, pero a su entender es necesario mejorar la protección de esas familias.

El concejal Ramírez-Rosa dijo que se negocia desde hace un año una nueva ordenanza para impedir la entrega a Inmigración de acusados que no tengan condena firme, “para estar seguros de que por una acusación o sospecha dejen de ser considerados inocentes hasta probarse lo contrario”.

Otra ordenanza establecería que la municipalidad se haga cargo de los gastos de defensa de los residentes que enfrenten la deportación y no tengan abogado, como ya ocurre en Nueva York, agregó.